El diputado Guillermo Palacios exigió a la fiscal general adelantar las investigaciones y solicitar el antejuicio de mérito
29 DE AGOSTO 2013 - 12:01 AM
Luisa Ortega Díaz, fiscal general, la misma que solicitó el allanamiento de la inmunidad al diputado Richard Mardo, debería hacer lo mismo con Pedro Carreño, presidente de la Comisión de Contraloría de la AN, por haber obviado presuntamente las denuncias por hechos de corrupción de una empresa estatal en el estado Lara.
Guillermo Palacios, diputado de Un Nuevo Tiempo por Lara, dijo que el parlamentario por el PSUV planteó, sin ninguna justificación, declarar inadmisible las denuncias por actos de corrupción en una empresa del estado -Enmohca- al señalar que estos hechos no constituyen materia de competencia de la comisión.
Esta empresa, presidida por Jorge González, supuestamente trasladó equipos de perforación de pozos de agua a una granja en el municipio Torres del estado Lara, con el objeto de abrir pozos profundos y dejar sin agua al resto de las poblaciones aledañas. “Podríamos decir que es un acto de corrupción de los más criminales que hayamos visto porque mientras las comunidades se pelean, realizan manifestaciones, trancan las vías y carreteras pidiendo agua e incluso algunas instigados por el PSUV, el Gobierno manda equipos de perforación de pozos de agua para que doten a una granja particular”, señaló.
Estas decisiones hacen dudar, según Palacios, del planteamiento del Gobierno en el sentido de solicitar una Ley Habilitante para luchar contra la corrupción, cuando precisamente uno de sus principales voceros es quien se encarga de impedir que se realicen las investigaciones para favorecer a los funcionarios del Gobierno.
“Si esto es así, nos preguntamos: ¿es que los hechos de corrupción ahora no los investiga esta instancia parlamentaria? o ¿Es que acaso disponer de los bienes del Estado y utilizarlos para beneficiar a particulares fue despenalizado? ¿Será para esto que quieren la Ley Habilitante?”, preguntó Palacios.
Integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática formularon tal exigencia ayer en la sede del Ministerio Público en Caracas.
Fuente el Nacional
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